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Los tratamientos con drogas agresivas para niños pequeños considerados bipolares se han convertido en algo común. Sólo en la última década el índice de diagnósticos de bipolaridad en niños menores de 13 años ha aumentado casi 7 veces, según un estudio realizado sobre la base de las altas médicas de los hospitales. Y su tratamiento habitual incluye medicación múltiple.

El aumento de la cantidad de diagnósticos y el uso de medicamentos les parece, a algunos médicos y abogados de pacientes, una peligrosa moda pasajera que expone a niños cada vez más pequeños a drogas potentes.

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# Mantenga un teléfono celular con usted si puede, pero no cuente mucho con el. Teléfonos celulares pierden la señal en algunos lugares y las baterías también se acaban. Averigüe con su organización o albergue de violencia domestica local si ellos proveen teléfonos celulares. Mantenga números de emergencia como el 911 en dial de velocidad (“speed dial”).
# Si necesita ayuda en lugares públicos grite/llame “FUEGO” (en inglés, “FIRE”). La gente responde más rápido a personas que exclaman “fuego” que a otros llamados de auxilio.
# Manténgase en contacto con sus organizaciones locales para violencia domestica para asistencia y apoyo.
# Reciba un chequeo general de su doctor para averiguar si necesita obtener tratamiento médico. Considere que puede que su maltratador no le haya sido fiel. Considere someterse a exámenes para diagnosticar enfermedades de transmisión sexual.

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# Al llevar a sus hijos a la escuela, utilice diferentes rutas. No utilice la ruta que usaba cuando vivía con su abusador.
# Infórmele a todos aquellos que cuidan a sus hijos quienes están autorizados a recoger a sus niños. Explíqueles su situación y entrégueles una copia de su orden de restricción.
# Escoja una ruta diferente para ir a la tienda, al supermercado, a los restaurantes y a cualquier otro lugar al que usted acude regularmente. Vaya a diferentes lugares si puede.
# Intente no viajar sola. Manténgase en lugares públicos y bien iluminados el mayor tiempo posible.
# Evite trotar o caminar sola.
# Mantenga con usted en todo momento una copia certificada de la orden de restricción.
# Infórmele a sus amigos, vecinos y empleadores que usted tiene una orden de restricción en vigencia.
# Entréguele copias de la orden de restricción a sus empleadores, vecinos y a las escuelas de sus hijos, también entrégueles fotos de su maltratador.
Infórmele a la gente que trabaja con usted de su situación. Averigüe si una recepcionista o alguna otra persona puede filtrar sus llamadas telefónicas.
# Comuníquese con la policía si su maltratador viola la orden.

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# Cambie las cerraduras.
# Coloque cerraduras de hierro en sus puertas.
# Si puede, remplace puertas de madera por puertas de metal o acero.
# Si tiene el dinero, considere instalar un sistema de seguridad en su hogar.
# Asegúrese que el exterior de su hogar este bien alumbrado. Considere obtener un sistema de iluminación que encienda luces automáticamente cuando alguien se acerca a la casa (luces sensibles al movimiento).
# Mantenga arbustos, árboles, y otras plantas alrededor de su hogar bien cortadas/ajustadas. De esta manera, usted podrá ver con más claridad lo que ocurre afuera de su casa.
# Cambie su número telefónico. Solicítele a la compañía de teléfonos que no publique su nuevo número telefónico.
# Contacte a su compañía de teléfonos y ordene identificador de llamadas. Pida que su teléfono sea bloqueado para que si usted llama, ni su ex-pareja, ni nadie, pueda obtener su nuevo número de teléfonos privado.
# Si le es posible, cambie sus horas de trabajo y la ruta que toma para ir a trabajar. Evite la ruta que utilizaba cuando vivía con su maltratador.

Abogados - Las organizaciones que llevaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de dos niñas dominicanas de ascendencia haitiana a la que República Dominicana negó la nacionalidad se quejaron este jueves de que el país se resiste a cumplir con la sentencia condenatoria dictada por el organismo internacional.

Aseguraron que República Dominicana se niega a cumplir con sus obligaciones internacionales adquiridas voluntariamente a través de la ratificación de la Convención Americana de Derechos Humanos y la aceptación de la competencia de la Corte Interamericana. El caso de las niñas Dilcia Yean y Violeta Bosico fue llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el Movimiento de Mujeres Dominico Haitianas (MUDHA), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Clínica Legal de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de California, Berkeley.

David Baluarte, abogado del CEJIL, dijo que el Estado dominicano en vez de cumplir con las disposiciones de la setencia de la Corte “ha tomado cada oportunidad que se le ha presentado en el último año para rechazarlas”.

Para cumplir con la sentencia en su totalidad, el Estado debe enfrentar la situación de los miles de niños que sufren la misma violación de sus derechos humanos por la cual pasaron las niñas Dilcia Yean y Violeta Bosico. Las entidades de Derechos Humanos emitieron un comunicado en el que valoran que el Estado empezará a cumplir la sentencia condenatoria mediante el pago de la indemnización de 22 mil dólares a favor de las víctimas y las entidades litigantes.

Abogados .- Es la rama del derecho que trata sobre todos los aspectos relacionados con las administraciones públicas y su relación con los ciudadanos: expropiación forzosa, multas y sanciones, contratos con la administración, urbanismo, procesos judiciales ante la jurisdicción contenciosa administrativa, etc…

Abogados - Como un proyecto de deportación y militarización de la frontera calificó la activista Isabel García, directora de la Coalición de los Derechos Humanos de Arizona, la propuesta de una reforma migratoria presentada la semana pasada ante la Cámara Baja.

El proyecto binacional conocido por sus siglas en ingles como STRIVE es patrocinado por el congresista demócrata de Illinois, Luis Gutiérrez y el congresista republicano de Arizona, Jeff Flake.

“Este es un proyecto que se enfoca principalmente en la militarización, no solo de la frontera, sino del interior también”, aseguro García en entrevista con Efe.

La coalición es el único grupo en Arizona que se ha expresado abiertamente en contra de la propuesta.

“Esta iniciativa busca incrementar el número de agentes fronterizos, seguridad en los puertos de entrada y establecer un programa de verificación de empleos, antes de que tan siquiera se pueda considerar una regularización del estatus migratorio de los indocumentados”, enfatizó la activista.

La directora de la coalición defensora de los derechos de los inmigrantes criticó severamente que la legislación pida a los indocumentados salir del país y volver a reingresar de manera legal como un requisito para regular su estatus.

“Lo que mas me disgusta es que los medios de comunicación y algunos políticos hablan de este proyecto como un camino a la regularización de los indocumentados, sin que le digan a la gente de lo que realmente se trata”, dijo la abogada.

Señaló que la coalición prepara una serie de seminarios en los que planea informar a la comunidad sobre esta iniciativa de ley y las consecuencias que puede tener a largo y corto plazo.

Abogados - El grupo ‘Pueblo sin fronteras’ presentará una demanda contra el Gobierno federal por “violar los derechos constitucionales” de los niños que son separados de sus padres durante los procesos de deportación.

La demanda federal, que se presentará el próximo viernes en la Corte Suprema, exigirá la legalización de los indocumentados que han tenido a sus hijos en EE.UU. y representará a los cuatro millones de niños que se calcula se encuentran en esta situación, informaron representantes del grupo.

Abogados.- La Ley de Víctimas de Tráfico y Protección contra la Violencia del 2000 (”‘Victims of Trafficking and Violence Protection Act of 2000″) creó dos nuevas visas de no inmigrantes para víctimas no ciudadanas de crímenes; la visa T y la visa U. Ambas visas son designadas para proveer estatus legal para no ciudadanas que están ayudando o deseen ayudar a las autoridades que investigan crímenes.

La visa U está designada a víctimas de crímenes que no son ciudadanas y quienes han sufrido abuso físico o mental considerable y quienes están de acuerdo en cooperar con los oficiales del gobierno que investigan o procesan un crimen. Su agresor no tiene que ser ciudadano ni residente permanente legal, y usted no tiene que haber contraído matrimonio con su agresor para tener derecho a la Visa-U.

La visa T es para víctimas de severas condiciones de tráfico de personas quienes ayudan en la investigación o en el proceso de tráfico y quienes podrían sufrir privaciones fuertes que involucran daños inusuales y severos si ellos fuesen deportados. Para más información sobre la visa T, vea a un abogado de inmigración

Es aquel acto por el que una persona dispone sobre el destino que quiere que sigan sus bienes cuando se produzca su fallecimiento. A fin de prevenir problemas futuros, resulta conveniente obtener el asesoramiento de un abogado sobre la modalidad de testamento más aconsejable y su contenido.

Abogados - Una red de tráfico de cubanos y chinos hacia Estados Unidos opera en el Caribe de Honduras con la complicidad de algunos alcaldes, denunció el director de Migración de este país centroamericano, Germán Espinal, según informó ayer la prensa local.

Espinal aseguró que los traficantes cobran 55.000 y 22.000 dólares por cada chino y cubano, respectivamente.

El archipiélago caribeño de Islas de la Bahía es uno de los principales centros de este tráfico, según el funcionario, aunque no mencionó a los alcaldes involucrados. “Un grupo de dueños de botes en Islas de la Bahía recogen a los balseros cubanos, en las costas de Cuba, y por un negocio de 22.000 dólares son trasladados a un país de tránsito, como Honduras, para aproximarlos a Estados Unidos”,

Abogados - Al menos 12,000 personas marcharon ayer al Capitolio a exigir que se apruebe alguna propuesta para un sistema unicameral que debería someterse al electorado en julio próximo en cumplimiento del mandato de un referéndum efectuado hace ya casi dos años, cosa a la que se niega a acceder la Cámara de Representantes.

A pesar de la magnitud de la marcha –cuatro veces lo que normalmente logran convocar los partidos y sólo menor al entierro del comandante de los Macheteros Filiberto Ojeda- el presidente de la Cámara, José Aponte, no pareció impresionado y emitió una declaración escrita en la que advirtió que la Constitución “no se enmienda con los pies”.

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Las autoridades carcelarias del condado de Orange identificaron a 636 reos en calidad de indocumentados y los entregarán a las autoridades migratorias una vez que hayan cumplido sus respectivas sentencias para encarar la posible deportación.

Así lo informó recientemente el Departamento de Sheriff del condado de Orange, que catalogó el resultado del primer mes de operaciones como “exitoso”. Según el reporte, del 19 de enero al 25 de febrero de 2007, los 24 oficiales entrenados para identificar a prisioneros indocumentados interrogaron a 6,160 reos, de los cuales 50 fueron vinculados con grupos pandilleros.

Los oficiales encontraron que del 10% de las personas interrogadas, la tercera parte estaban cumpliendo sentencias por delitos menores, incluyendo conducir bajo la influencia del alcohol y no presentarse a corte en la fecha indicada.

El secretario de Justicia, Alberto Gonzales, aprobó los planes para despedir a varios fiscales federales durante una reunión en noviembre, de acuerdo con documentos dados a conocer ayer que contradicen afirmaciones anteriores de que él no tuvo que ver directamente con lo ocurrido.

El encuentro realizado el 27 de noviembre, en el que el secretario de Justicia y al menos cinco funcionarios de alto nivel de su cartera estuvieron presentes, se centró en torno a un plan de cinco etapas para realizar los despidos, dijeron funcionarios del departamento anoche.

Gonzales rubricó el plan, que fue preparado por su jefe de personal, Kyle Sampson, quien renunció la semana pasada en medio de la controversia generada por los despidos.

Los documentos señalan que la reunión matutina de una hora de duración, realizada en la sala de conferencias del secretario de Justicia, fue la única en la que Gonzales se reunió con sus subalternos de mayor nivel para decidir a cuáles fiscales despedir y cómo hacerlo.

La portavoz del departamento, Tasia Scolinos, dijo que se desconocía si González dio su aprobación final a los despidos durante esa reunión, pero agregó que el secretario no participó de manera directa en la selección de los fiscales a los cuales se les pediría su renuncia.

El 13 de marzo, al explicar los despidos, Gonzales dijo a la prensa que estaba al tanto del proceso para decidir algunos de los despidos, pero que no participaba en él.

“Sé que mi jefe de personal participaba en el proceso de determinar cuáles eran los que tenían mal desempeño, en los distritos del país donde podríamos hacer mejor las cosas para sus pobladores, y eso es lo que yo tenía entendido”, dijo Gonzales la semana pasada.

“Eso era lo que yo sabía en esencia del proceso, no participé en él ni vi minuta alguna, no participé en reunión alguna sobre lo que ocurría. Eso es básicamente lo que sabía como secretario de Justicia”, indicó.

Posteriormente dijo: “Acepto mi responsabilidad por todo lo que pasa en este departamento. Pero cuando se tiene a 110 mil personas trabajando para uno, obviamente van a darse decisiones de las cuales no estoy al tanto mientras se desarrollan. Muchas decisiones son delegadas”.

Sampson declarará el lunes durante una audiencia de la comisión judicial del Senado, dijo su abogado ayer. Su presentación representa el primer testimonio de un funcionario del Departamento de Justicia ante el Congreso desde que se dieron a conocer varios documentos que señalan que los despidos fueron, al menos en parte, ordenados por la Casa Blanca.

Correos electrónicos entre la Casa Blanca y el Departamento de Justicia, enviados en las semanas previas a la elección presidencial de 2004, indican que Sampson participó activamente en la toma de decisiones sobre cuántos fiscales serían reemplazados y quiénes serían. El gobierno de George W. Bush afirma que los despidos fueron conducidos de manera apropiada.

Los demócratas han puesto en duda el proceso, al señalar que los fiscales fueron elegidos para ser despedidos porque no eran “leales a Bush”.

Abogados - La legislación o la profesión jurídica por conducto de sus correspondientes órganos, establecerán códigos de conducta profesional para los abogados, de conformidad con la legislación y las costumbres del país y las reglas y normas internacionales reconocidas.

Las acusaciones o reclamaciones contra los abogados en relación con su actuación profesional se tramitarán rápida e imparcialmente mediante procedimientos apropiados. Los abogados tendrán derecho a una audiencia justa, incluido el derecho a recibir la asistencia de un abogado de su elección.

Abogados - La legislación o la profesión jurídica por conducto de sus correspondientes órganos, establecerán códigos de conducta profesional para los abogados, de conformidad con la legislación y las costumbres del país y las reglas y normas internacionales reconocidas.

Las acusaciones o reclamaciones contra los abogados en relación con su actuación profesional se tramitarán rápida e imparcialmente mediante procedimientos apropiados. Los abogados tendrán derecho a una audiencia justa, incluido el derecho a recibir la asistencia de un abogado de su elección.

Abogados - Los abogados estarán facultados a constituir asociaciones profesionales autónomas e incorporarse a estas asociaciones, con el propósito de representar sus intereses, promover su constante formación y capacitación, y proteger su integridad profesional.

El órgano ejecutivo de las asociaciones profesionales será elegido por sus miembros y ejercerá sus funciones sin injerencias externas.

Las asociaciones profesionales de abogados cooperarán con los gobiernos para garantizar que todas las personas tengan acceso efectivo y en condiciones de igualdad a los servicios jurídicos y que los abogados estén en condiciones de asesorar a sus clientes sin injerencias indebidas, de conformidad con la ley y con las reglas y normas éticas que se reconoce a su profesión.

Abogados - Los abogados, como los demás ciudadanos, tienen derecho a la libertad de expresión, creencias, asociación y reunión. En particular, tendrán derecho a participar en el debate público de asuntos relativos a la legislación, la administración de justicia y la promoción y la protección de los derechos humanos, así como a unirse o participar en organizaciones locales, nacionales o internacionales y asistir a sus reuniones, sin sufrir restricciones profesionales a raíz de sus actividades lícitas o de su carácter de miembro de una organización lícita.

En el ejercicio de estos derechos, los abogados siempre obrarán de conformidad con la ley y con las reglas y normas éticas que se reconocen a su profesión.